La agenda parlamentaria consensuada mandó al freezer el proyecto oficial de radio y TV
Por Eduardo Zukernik.
Seis años después de un largo monólogo político, el Gobierno decidió convocar al diálogo a la oposición y repentinamente cobró protagonismo un concepto clave en todo sistema democrático que se precie: consenso. También sorpresivamente se conoció una agenda parlamentaria acordada entre el oficialismo y el resto de las bancadas legislativas donde desapareció entre las prioridades del kirchnerismo la sanción de una nueva ley de radiofusión, bautizada en el proyecto K como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Ya en su momento el proyecto de ley, a todas luces dirigida a reducir el poderío mediático y empresarial del Grupo Clarín, había sido resistida por dicho multimedios que soportó una andanada de acusaciones desde el oficialismo, la última de las cuales le enrostró haber apoyado al entonces candidato opositor a diputado bonaerense, Francisco De Narváez, cuado empapeló el área metropolitana con afiches que decían “TN- Todo Narváez”, en alusión al canal Todo Noticias que se emite por TV cable.
La noticia de que entre las prioridades que debatiría el Congreso en lo que resta de 2009 no habrá lugar para la derogación de la ley de radiodifusión 22.285, sancionada por la dictadura, en realidad ya había sido bien calculada por los inversores bursátiles quienes, al conocer el triunfo de la oposición del 28 de junio, la semana siguiente lograron hacer crecer el valor de los papeles del multimedios 30%.
El plan del Gobierno se originó cuando se produjo el sacudón político por el fracaso de la resolución 125 en el Senado, que contemplaba legalizar fuertes retenciones a las exportaciones agropecuarias y su rechazo tuvo amplia cobertura en televisión destacando el triunfo del campo y el acompañamiento social masivo de la protesta.
La crispación del oficialismo no tardó en hacerse oír y, además de lanzar el neologismo “destituyente” (sobre el Poder Ejecutivo), acusando a quienes cuestionaban sus políticas para el agro, apuntó la mira hacia el Grupo Clarín responsabilizándolo de haber hecho crecer la influencia de ciertos líderes del sector como Alfredo De Angeli.
Entre los principales cambios a la regulación del sector que el Ejecutivo parece haber mandado al freezer se incluyen por ejemplo la reducción de 24 a un máximo de 10, el número de licencias de servicios abiertos en manos de un solo dueño. Además, un polémico artículo, cuestionado severamente por la oposición, es el que establece que dichas licencias serán revisadas cada dos años.
Otra cuestión fuertemente resistida por los permisionarios de la TV cable es la posible irrupción de las telefónicas en el negocio, a través de la llamada convergencia tecnológica o “triple play”. La nueva norma permite el ingreso de compañías de servicios públicos donde aparecen como principales interesados, Telefónica y Telecom, quienes hasta hoy ven frenados sus ímpetus competitivos por la restricción vigente que les impide ampliar su oferta de servicios y proveer a sus clientes, telefonía básica más internet más televisión por cable, con un solo abono.
En otras limitaciones escritas, el proyecto del oficialismo establece la obligatoriedad de emitir 70% de producción nacional en las radios y 60% en televisión, una medida que encuentra lógicos apoyos entre autores de música y empresas de cine y TV del país.
También la normativa impulsada por el titular del COMFER, Gabriel Mariotto, prohíbe otorgar licencias a ex funcionarios de gobiernos de facto.
Otro aspecto clave que apuntó claramente al Grupo Clarín está referido a la explotación comercial de las imágenes de los partidos de fútbol. Actualmente por un convenio de larga vigencia entre el canal de cable TyC Sports (uno de cuyos principales accionistas es el multimedios) y la AFA, los goles sólo pueden verse los domingos de 22 a 24 por Canal 13 y, los principales encuentros que disputen los equipos más grandes (River y Boca) para verlos en directo deben pagarse aparte del abono al cable, porque solo se emiten con señal codificada. El plan oficial pretende que puedan verse por televisión gratuita.
Paralelamente al tira y afloja entre el Gobierno y el principal multimedios del país, recientemente se anunció la apertura de la licitación para crear nuevos permisionarios de televisión paga en ciudades grandes, medianas y pequeñas. Según informó el ente regulador hubo más de 100 presentaciones.
Por otra parte esta semana, sectores del oficialismo que se oponen a congelar el proyecto, invitaron al país al relator de la ONU para la Libertad de Expresión, el guatemalteco Frank La Rue. El visitante se reunió primeramente con la presidenta Cristina Fernández, luego dio una declaración elogiosa a Télam sobre el proyecto oficial de ley de servicios audiovisuales y finalmente recaló en el Congreso, donde dijo sin medias tintas que el proyecto oficial es "una contribución inédita al debate sobre medios en el continente". La respuesta de los bloques opositores fue durísima, hasta que La Rue se detuvo en la revisión de las licencias cada dos años y aclaró: "Hay un debate técnico aquí. Si fuera renovar las licencias, sería una forma de presión y de censura. A mí me han dicho que cada dos años se hará una revisión por la digitalización de los sistemas", y trató de calmar las aguas.
En los meses previos a la campaña, cuando aún se miraba el calendario electoral en el lejano octubre, el Gobierno había anunciado su plan de enviar al Congreso el proyecto para el mes de junio, para lo cual dijo que lanzaría el proyecto a debate público durante los 90 días previos.
Universidades y foros diversos dieron cita a apologistas y detractores donde, desde el oficialismo se cabalgó en torno a la necesidad de una ley que democratice la radiodifusión y, desde el empresariado interesado y la oposición, se denunció un intento oficial por ejercer el control de los medios privados mediante una ley.
En medio de esta dura pulseada sobrevino el adelantamiento de las elecciones y, la derrota electoral del oficialismo, como en el juego de la OCA, mandó todo al punto inicial. Ahora, la necesidad de negociar urgentes acuerdos con la oposición obliga al Gobierno a sopesar que tendría mucho para perder si no consigue mantener vigente, aunque sea por 180 días, la delegación de poderes que le permite, entre otras facultades, fijar impuestos, cambiar el presupuesto y distribuir a su parecer los fondos coparticipables.
Es indudable que la nueva relación de fuerzas, aunque se efectivice el próximo 10 de diciembre, ya desde la medianoche del domingo 28 de junio comenzó a dejarlo sin opciones…
Entretanto, una frase que se amplificó hasta trasladarse al juego de los más chicos, por haber sido el latiguillo del personaje que hizo de Néstor Kirchner en el espacio de Marcelo Tinelli , Gran Cuñado, suena hoy como una melodía entre los directivos del multimedios: “Qué te pasa Clarín, estás nervioso?. Seguramente pensarán en la intimidad, imaginando a quien disparaba la pregunta: ¿Y por casa, cómo andamos?
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