Honduras: já são 7 os jornalistas mortos depois da queda de Zelaya

Há 45 dias, desde a última eleição em Honduras, que designou novo presidente para ocupar o cargo de Manuel Zelaya, vítima de um golpe de estado, já foram assassinados sete jornalistas em Honduras. Segundo o Repórteres sem Fronteiras, o clima naquele país é de "amaeaças cada vez mais alarmantes".
Georgino Orellana é o 7º jornalista assassinado, recebeu um tiro na cabeça quando deixava a Rádio Progreso, emissora onde trabalhava. Quando do golpe de estado, a emissora foi uma das primeiras a serem ocupadas pelo exército hondurenho.

Veja abaixo, em espanhol, o informe do RSF


Georgino Orellana es el séptimo periodista asesinado en mes y medio. El periodista, que dirigía un programa en la Televisión de Honduras, salía de las instalaciones del canal cuando un desconocido que le esperaba afuera lo mató de un balazo en la cabeza, la noche del 20 de abril de 2010 en San Pedro Sula. Este año Honduras se ha clasificado como el país más peligroso del planeta para los profesionales de los medios de comunicación. Una ola de violencia que ha forzado a tres periodistas al exilio.
El móvil del asesinato de Georgino Orellana aún se desconoce y su asesino se dio a la fuga. El periodista, quien también era catedrático universitario, trabajó diez años como reportero de la corporación Televicentro. Expresamos nuestras condolencias a su familia y colegas.
Héctor Iván Mejía, jefe de la policía de San Pedro Sula, aseguró que este asesinato “no quedará impune”. Pese a las recientes promesas del gobierno, no se ha hecho justicia en ninguno de los casos que tuvieron lugar tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, estén o no ligados directamente a este evento. Ya de por sí víctima de una gran inseguridad, la prensa hondureña vive desde entonces una situación aún más dramática.
Testimonio de esta situación son las amenazas dirigidas contra Radio Progreso, ocupada por el ejército horas después del golpe de Estado para impedir que difundiera información sobre éste . Contactados por Reporteros sin Fronteras, los directivos de Radio Progreso solicitaron que los nombres de sus periodistas y colaboradores amenazados de muerte permanecieran en el anonimato por cuestiones de seguridad.
Por otra parte, el 20 de abril la estación comunitaria La Voz de Zacate Grande fue víctima de intimidaciones por parte de la policía local y de los guardias privados del empresario Miguel Facussé Barjum, quien sostiene un conflicto agrario con la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, cuya causa defiende la estación radiofónica.
Asimismo, el 9 de abril de 2010 las instalaciones del Canal 40, en Tocoa (región de la costa atlántica), fueron balaceadas, según información del Comité por la libre expresión (C-Libre). El atentado se atribuye a dos individuos, de los que el periodista y conductor de televisión Emilio Oviedo Reyes se queja haber sido blanco tras el golpe de Estado.
En esta misma ciudad fue asesinado Nahúm Palacios . Es probable que el ejercicio de su profesión sea la causa del crimen que, precisamente, Emilio Oviedo Reyes había denunciado a la policía.
Finalmente, el 12 de abril pasado una jurisdicción penal de Tegucigalpa liberó a cuatro funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre ellos al expresidente Miguel Ángel Rodas, acusados por el ministerio público de “abuso de autoridad”. Los cuatro funcionarios ordenaron en septiembre pasado el cierre y la confiscación del material de Radio Globo y Cholusat TV (Canal 36) –los dos principales medios de comunicación de oposición al golpe de Estado– en el momento de la instalación del estado de excepción, tras el regreso clandestino de Manuel Zelaya al país .
La juez Martha Murillo consideró que la libertad de expresión “no había sido bloqueada en una situación de estado de excepción”. Sin embargo, el artículo 73 de la Constitución hondureña prohibe toda confiscación de material o interrupción del trabajo de un medio de comunicación, en nombre del principio de la libertad de expresión. Además, esta garantía constitucional no puede ser suspendida en caso de estado de sitio, recuerda C-Libre.