Un total de 189 atentados, entre ellos tres crímenes, se cometieron contra los periodistas peruanos en el 2011 (casi uno cada dos días), de acuerdo con el balance preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Se reportan 93 casos de agresiones físicas y verbales. Le siguen la amenazas y hostigamiento (49), presiones administrativas (21), presiones jurídicas (13) y las trabas al ejercicio de la profesión periodística (5).
Asimismo, la OFIP registra tres violaciones al secreto de las comunicaciones, dos daños a la propiedad o sustracción de equipos.
En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (76), seguido por funcionarios civiles (50); elementos desconocidos (33); policías/militares/ seguridad/serenazgo (23), y propietarios/empresarios o directivos de medio (7).
Cajamarca, Lima y Arequipa, con más agresiones a periodistas
La región Cajamarca con 45 ataques a la prensa, Arequipa con 23 y Lima con 21, resultaron en el 2011 las zonas de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el Perú. No menos peligrosas fueron Ancash con 19 atentados, la región Loreto con 14 y Lambayeque con diez.
Entre las provincias más peligrosas Coronel Portillo registra siete atentados, mientras en Huamanga y Jaén se produjeron seis atentados respectivamente.
Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Utcumbamba, donde se cometieron cinco atentados, cuatro en Huancayo, Huaraz y San Martín,y tres en Cusco, Celendín, y Maynas.
Dos atentados ocurrieron en Ascope, Bagua, Cañete, Camaná, Chincha, Chepén, Espinar, Islay, Piura, Puno, San Román, y uno en Cajabamba, Casma, Caravelí, Espinar, Huánuco, Huara, Lambayeque, Loreto-Nauta, Morropón, Pisco, Satipo, San Ignacio, Tocache, Tumbes, Trujillo, y Virú, de acuerdo con la OFIP.
Un total de 89 periodistas de televisión resultaron agredidos este 2011, 49 que laboran en la prensa escrita, 48 en la radial, y tres de la prensa digital.
De ese total, según el balance fueron blancos de atentados 139 varones; 30 mujeres y 20 medios de comunicación.
De manera particular la ANP denunció el asesinato de los periodistas Julio César Castillo Narváez, conductor del programa "Noticiero Ollantay", de radio Ollantay, en La Libertad (3 de mayo); Pedro Alonso Flores Silva, director del programa informativo "Visión Agraria" de canal 6, en Ancash (8 de setiembre) y José Oquendo Reyes, director y conductor del programa "Sin Fronteras" de BTV Canal 45, en Ica (14 de setiembre).
Entre las tentativas de homicidio, la de mayor riesgo se registró en noviembre, en Puno. El periodista Feliciano Gutiérrez Suca, corresponsal en Juliaca del diario La República, fue baleado por cuatro encapuchados. Los delincuentes le dispararon en la pierna dos veces.
Especial preocupación y rechazo del gremio causó el encarcelamiento del periodista Paul Garay Ramírez, querellado por difamación por el fiscal provincial de Coronel Portillo. Tras permanecer más de 6 meses en prisión recuperó su libertad en octubre de este año.
Entre las querellas por difamación emprendidas contra periodistas que han denunciado actos de corrupción han merecido especial atención y seguimiento los casos de Teobaldo Meléndez Fachín (Alto Amazonas) y Hans Andrade Chávez (Chepén).
A consecuencia de ello, y continuando con una tarea emprendida hace casi una década, la ANP lanzó una campaña nacional por la despenalización de los delitos de prensa. Esto porque las querellas sólo buscan amedrentar a quienes revelan hechos de corrupción y otros delitos en la administración pública.
Se reportan 93 casos de agresiones físicas y verbales. Le siguen la amenazas y hostigamiento (49), presiones administrativas (21), presiones jurídicas (13) y las trabas al ejercicio de la profesión periodística (5).
Asimismo, la OFIP registra tres violaciones al secreto de las comunicaciones, dos daños a la propiedad o sustracción de equipos.
En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (76), seguido por funcionarios civiles (50); elementos desconocidos (33); policías/militares/ seguridad/serenazgo (23), y propietarios/empresarios o directivos de medio (7).
Cajamarca, Lima y Arequipa, con más agresiones a periodistas
La región Cajamarca con 45 ataques a la prensa, Arequipa con 23 y Lima con 21, resultaron en el 2011 las zonas de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el Perú. No menos peligrosas fueron Ancash con 19 atentados, la región Loreto con 14 y Lambayeque con diez.
Entre las provincias más peligrosas Coronel Portillo registra siete atentados, mientras en Huamanga y Jaén se produjeron seis atentados respectivamente.
Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Utcumbamba, donde se cometieron cinco atentados, cuatro en Huancayo, Huaraz y San Martín,y tres en Cusco, Celendín, y Maynas.
Dos atentados ocurrieron en Ascope, Bagua, Cañete, Camaná, Chincha, Chepén, Espinar, Islay, Piura, Puno, San Román, y uno en Cajabamba, Casma, Caravelí, Espinar, Huánuco, Huara, Lambayeque, Loreto-Nauta, Morropón, Pisco, Satipo, San Ignacio, Tocache, Tumbes, Trujillo, y Virú, de acuerdo con la OFIP.
Un total de 89 periodistas de televisión resultaron agredidos este 2011, 49 que laboran en la prensa escrita, 48 en la radial, y tres de la prensa digital.
De ese total, según el balance fueron blancos de atentados 139 varones; 30 mujeres y 20 medios de comunicación.
De manera particular la ANP denunció el asesinato de los periodistas Julio César Castillo Narváez, conductor del programa "Noticiero Ollantay", de radio Ollantay, en La Libertad (3 de mayo); Pedro Alonso Flores Silva, director del programa informativo "Visión Agraria" de canal 6, en Ancash (8 de setiembre) y José Oquendo Reyes, director y conductor del programa "Sin Fronteras" de BTV Canal 45, en Ica (14 de setiembre).
Entre las tentativas de homicidio, la de mayor riesgo se registró en noviembre, en Puno. El periodista Feliciano Gutiérrez Suca, corresponsal en Juliaca del diario La República, fue baleado por cuatro encapuchados. Los delincuentes le dispararon en la pierna dos veces.
Especial preocupación y rechazo del gremio causó el encarcelamiento del periodista Paul Garay Ramírez, querellado por difamación por el fiscal provincial de Coronel Portillo. Tras permanecer más de 6 meses en prisión recuperó su libertad en octubre de este año.
Entre las querellas por difamación emprendidas contra periodistas que han denunciado actos de corrupción han merecido especial atención y seguimiento los casos de Teobaldo Meléndez Fachín (Alto Amazonas) y Hans Andrade Chávez (Chepén).
A consecuencia de ello, y continuando con una tarea emprendida hace casi una década, la ANP lanzó una campaña nacional por la despenalización de los delitos de prensa. Esto porque las querellas sólo buscan amedrentar a quienes revelan hechos de corrupción y otros delitos en la administración pública.
Cerrando el año, en el mes de diciembre, la ANP hizo un abierto llamado al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, para observar la ley que penaliza la difusión de audios producto de las interceptaciones telefónicas, ya que la misma impone la censura previa y otorga poderes omnímodos a los jueces, tal como se acostumbra en regímenes que desconocen los derechos fundamentales de la persona humana.
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