Por Hugo Machín Fajardo*, publicado originalmente em Espanhol, sob o título ¿Quién le pone el cascabel a Twitter?, no portal Las2Orillas
Justino Jiménez de Aréchaga (1910-1980) escribió a principio
de los cincuenta que el otorgamiento a privados de concesiones para el
usufructo del espectro radioeléctrico uruguayo se había transformado en una
entrega de "ducados fructíferos" que el gobierno de turno otorgaba a
sus amigos políticos.
A mediados del siglo pasado la radiotelefonía, iniciada en
Uruguay en 1922, era el medio de comunicación masivo por excelencia, más que la
televisión.
El teórico y catedrático uruguayo del derecho, maestro de
juristas, refería a que a partir de que la radiotelefonía demostró su poder y
su potencial económico, los propietarios de las emisoras uruguayos durante
décadas eran las mismas familias. De ahí su metáfora medioeval.
Los sectores políticos y sociales sistemáticamente excluidos
de esa repartición, rechazaron tal discriminación antidemocrática proveniente
de quien debería velar con imparcialidad por los intereses de todos los
uruguayos, y no solamente de los de sus amistades. Antidemocrático, además,
porque el espectro radioeléctrico era (es) de toda la sociedad y no del
gobierno de turno.
Esa situación no varió con la llegada de la televisión en la
década de los sesenta que, como es sabido en Uruguay, los permisos para operar
canales de aire repitieron el esquema de concesiones radiales. Algo que no
cambió durante la dictadura (1973 - 1985) sino que, por el contrario, los
militares antes de abandonar el poder hicieron uso de esa discrecionalidad para
otorgar frecuencias radiales a sus amigos.
Durante la administración Lacalle (1990-1995) el
otorgamiento de la televisión por cable siguió el mismo patrón de adjudicación
cuasi familiar en Montevideo, y de correligionarios blancos o colorados en las
diferentes ciudades del interior.
La disputa del éter. En los años previos al triunfo
electoral de la izquierda (2004) surgieron las radios comunitarias, que en
realidad eran mayoritariamente de militantes de izquierda, que legítimamente
defendían el derecho ciudadano a tener sus propias emisoras. La tecnología lo
permitía y el poder político lo retaceaba. Fueron emisoras de alcance barrial
que comenzaron a funcionar sin autorización administrativa.
El proceso lo seguí de cerca, pues en la Asociación de la
Prensa Uruguaya (APU) recibía — pese a alguna otra mirada sindical de reojo— a
los dirigentes de ese movimiento que abogaba por trabajar sin recibir remuneración.
Un imposible solamente sobrellevable con apoyo financiero extra a esas radios
comunitarias. Estaban en una disyuntiva de hierro: no podía ser radios
comerciales, pues perdían el carácter "comunitario", y al mismo
tiempo, deberían efectuar sus labores sin profesionales. Complicado.
En la primera década del siglo XXI en cinco países —Bolivia,
Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela— se logró el reconocimiento legal de las
radios comunitarias.
Cito el caso porque uno de aquellos dirigentes de radios
comunitarias, defensor acérrimo de la libertad de expresión, cuando sobrevino
un gobierno de izquierda en Uruguay, sería uno de los principales impulsores de
un proyecto restrictivo de la libertad de prensa que para el republicanismo
uruguayo era difícil de aplicar, y terminó archivado.
Fue un fenómeno generalizado en aquellos países donde a la
par de los gobiernos denominados progresistas, proliferaron proyectos
legislativos o intentos parecidos de darle al Estado un mayor o menor control
sobre la libertad de prensa. Así fue en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay
—con diferente peripecia— hasta la "Misión Comunicación" en
Venezuela, cuyo objetivo decretado fue la "expresión concreta de
democratización de la comunicación en Venezuela y promover el desarrollo de la
contra hegemonía cultural". La realidad de aquellos enunciados es que
Venezuela hace años que es un clásico en materia de violaciones al derecho a la
información, agresiones a periodistas, limitaciones al acceso a la información
y criminalización de la actividad de la prensa. Que incluye desconocimiento de
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinan la
devolución a sus legítimos propietarios los medios de prensa confiscados.
La tecnología manda. La tecnología digital ha sido
implacable en todo sentido. Tanto las legítimas reivindicaciones de
democratizar la comunicación afectada por monopolios empresariales, como los
excesos autoritarios de quienes al llegar al poder traicionaron sus antiguos
reclamos libertarios, se han visto sacudidos por el formidable cambio que
supuso la irrupción de las redes sociales (RRSS) en sus múltiples plataformas:
Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, etc. y aplicaciones de
mensajería instantánea: WhatsApp, WeChat, FacebookMessenger, Skype, etc.
De pronto, quien tuviera un celular pudo recibir y reenviar
al universo digital informaciones, opiniones, fotografía, videos, chismografía,
vida personal, estados de ánimo, obsesiones, etc. Todo por los mismos canales,
con la supuesta misma importancia y con la consiguiente saturación de impacto.
Sucedió la inevitable: el estómago se impuso a la mente en
muchos casos. Las RRSS combinaron lo maravilloso que supuso la muerte de la
distancia y la interacción instantánea, con la explicitación de lo peor del ser
humano.
Los antivalores más insospechados, los que una persona
razonable difícilmente se atrevería a exponer en un ámbito compartido con
semejantes, tuvieron vía libre para ser emitidos desde la a veces rabiosa
soledad del cibernauta. Con el agravante de que el algoritmo— verdadero
digitador— le hace creer al cliqueador que el mundo real es esa burbuja de
tuits enviados y recibidos en que vive. Al punto que en junio del 2020 la
propia empresa Twitter intentó acotar el leo y reenvío compulsivo y tratar de
evitar los retuits en los que no se le da contexto, con los recordatorios
"los titulares no cuentan toda la historia" y "puedes leer el
artículo en Twitter antes de retuitearlo". El intento buscó evitar que se
compartan irreflexivamente noticias falsas o engañosas.
Según la información proporcionada por Twitter, después de
tres meses de prueba, la plataforma digital señaló que gracias a esta función,
un 40% de usuarios abre los artículos completos antes de compartir después de
ver el recordatorio.
Estas empresas privadas — vía internet— desplegaron un menú
de posibilidades comunicacionales con base a soportes personales. El celular,
el PC, el portátil, la tableta, se volvieron los instrumentos de comunicación y
se pasó a que cada aparato personal recibiera y emitiera en vivo y en directo
lo que fuera, como fuera y donde fuera.
¿Se volvió obsoleta la enseñanza sesentista del canadiense
Marshall McLuhan (1911-1980) — "el medio es el mensaje"— o sigue
vigente y ¿"el medio (aún) es el mensaje"?
"Demasiadas personas saben demasiado las unas sobre las
otras. Nuestro nuevo ambiente obliga al compromiso y a la participación. Cada
uno de nosotros está ahora irrevocablemente envuelto en la vida de los demás, y
es responsable de ellos", evoca la chilena Teresa Ayala Pérez, doctora
Didáctica de la Lengua y la Literatura, en su trabajo Marshall Mcluhan, las
redes sociales y la Aldea Global.
"Amenazan a la demcoracia". Ni cortos ni
perezosos, los políticos para quienes la prensa era hasta entonces un
contrapeso molesto a su demagogia, cuando no a sus falsedades, vieron en esas
RRSS la gran oportunidad. Muchos — no solo Trump— las utilizaron para diseminar
su opinión sin recibir como contrapropuesta el interrogante periodístico, el
análisis o la opinión de los profesionales de la información. Las RRSS
aparecieron como la "forma directa" de comunicación entre el líder,
sus seguidores y— lo que exacerbó el ambiente— sus contradictores espantados y
furiosos ante el rostro de piedra de Presidentes tuiteros.
No es menor la responsabilidad de esto último en las
consabidas grietas sociales que hoy se viven en varios países.
La reacción profesional de la prensa fue disímil. En
general, se optó por repetir lo que ese líder diseminaba a troche y moche. De
hecho, se retroalimentó todo lo que decía: lo legítimo y la basura.
Algo que acompañó a las RRSS desde hace años fue la creación
de los "bot"—programa informático que reitera tareas automáticamente—
cuyo efecto distorsionador de la realidad y fabricador de noticias falsas fue
medido, entre otras investigaciones, por la realizada por la Fundación Knight
de Estados Unidos.
El estudio examinó más de 10 millones de tweets de 700.000
cuentas vinculadas a más de 600 cuentas falsas y sitios de noticias sobre
conspiración. "La investigación identificó grupos de cuentas de Twitter
que se vincularon a estos sitios repetidamente, a menudo de formas que parecían
coordinadas o incluso automatizadas".
Esta deformación de la realidad fruto de servicios de
inteligencia de diferentes países, sumado a operaciones internas en
determinados países, lleva a los autores Francis Fukuyama, Barak Richman y
Ashish Goel, a afirmar en un reciente informe publicado por la revista Foreing
Affairs que: "Las plataformas de Internet causan daños políticos que son
mucho más alarmantes que cualquier daño económico que generen. Su verdadero
peligro no es que distorsionen los mercados; es que amenazan la
democracia".
Golpistas. Entonces llegó el 6 de enero del 2021 y a raíz
del intento de asalto al Capitolio de EE. UU., alentado por el ya expresidente
Trump, las RRSS reaccionaron cerrando las cuentas del golpista.
Surgen diferentes temas para analizar. Y que en este texto
obviamente no se dilucidan, apenas si se plantean algunos:
1. El universo digital no pertenece a la comunidad de
naciones. Ergo, no hay una censura en el cierre de una cuenta perteneciente a
una empresa privada. Nadie propietario de una empresa de comunicación puede ser
obligado a insertar en sus contenidos aspectos contrarios a sus valores.
Excepción hecha cuando se da un fenómeno de difamación o calumnia en que los
estados democráticos tienen mecanismos legales para que al ciudadano ofendido
se le ampare en el ejercicio del derecho de respuesta. Así son las cosas en el
sistema democrático.
2. Las RRSS, a diferencia de los medios periodísticos
serios, no poseen un código de ética profesional. Por eso pueden contener
información u opiniones muy útiles y válidas seguidas del disparatario. Google
ha aceptado censurar a los usuarios bajo regímenes totalitarios en aras de no
perder el negocio. Cierto es que en mayo del 2020 Mark Zuckerberg ensayó que
comisión de personalidades Junta de Supervisión (Oversight Board) tendría
"el poder de cambiar las políticas y revisar de fondo las decisiones sobre
contenido de la red social, incluyendo Facebook, Instagram, grupos, perfiles e
incluso políticas de anuncios". Pero esa articulación va para largo…
3. El intento de golpe de Estado —que tuvo su etapa final en
el Capitolio de Washington— disparo la reacción de los propietarios de los
sitios más utilizados por Trump y sus 88 millones de seguidores. Hubo clausura
y no solamente del todavía Presidente de EE. UU.: miles de cuentas de
delirantes del QAnon también fueron cerradas. En 2016 había cuentas que le
adjudicaban a Hilary Clinton prácticas satánicas que fueron parte de una
operación de la inteligencia rusa de acuerdo a la investigación de Knight ya
citada. Y esas cuentas al 17 de enero del 2021 siguen operativas.
4. Cabe preguntarse por qué los dueños de las RRSS no habían
reaccionado antes, cuando el daño que estaba produciendo Trump con sus
declaraciones anticientíficas sobre la estrategia anti COVID-19, generó miles
de muertes de estadounidense. ¿Es que servía más al negocio de las RRSS
mantener un vector homicida "al aire" para aumentar los seguidores en
general? Esa respuesta está pendiente por parte del Zuckerberg y otros
propietarios de las RRSS. No se necesita un doctorado en ética para discernir
que Trump profirió disparate tras disparate respecto a la pandemia: dijo que
"en un par de días" los contagios iban "a bajar a casi cero (…)
Va a desaparecer. Un día, como un milagro, desaparecerá (…) Hemos hecho un trabajo
bastante bueno”, alardeó en febrero de 2020. Se negó a utilizar tapabocas
durante meses, siguió organizando actos masivos; afirmó que "un
medicamento para la malaria cura el COVID-19 (…) El virus no tiene la menor
posibilidad contra nosotros. Ninguna nación está tan preparada o es más
resistente que Estados Unidos", el 11 de marzo, para contradecirse días
después: "Siempre consideré que era algo serio", el 17 de ese mismo
mes. "No me veo (...) portando mascarilla. Quizá cambie de opinión",
sostuvo el 3 abril, para agregar "veo que el desinfectante lo elimina (al
virus) en un minuto. ¡Un minuto! Y ¿existe una forma de que podamos hacer algo
parecido, mediante una inyección para limpiar casi todo? Es algo (el virus) que
penetra en los pulmones, y podría por eso ser interesante intentarlo (…)
Supongamos que golpeamos el cuerpo con una luz tremenda, ultravioleta o
simplemente muy potente. Y supongamos que se puede meter luz en el cuerpo, a
través de la piel o de alguna otra manera. Creo que hay que probarlo"
sostuvo el 24 abril. Para agregar veinticinco días después: "Cuando
tenemos muchos casos no considero que eso sea algo malo, considero de alguna
manera que es una buena cosa".
Su irresponsabilidad, que hace pensar en homicidio culposo
masivo, la llevó al plano electoral personal cuando tres días antes de su
debate con Joe Biden y de confirmarse su contagio de COVID-19 se burló de su
contendor: "Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como
él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla". ¿Estaría contagiado
Trump cuando debatió con su oponente?
La historia registrará las imágenes de Nueva York cuando se
hacían entierros masivos de víctimas del coronavirus en gigantescas fosas
comunes, como si la ciudad hubiera sufrido un bombardeo y Trump seguía
fabricando una realidad diferente mediante las redes sociales que entonces no
actuaron.
*Jornalista uruguaio radicado na Colômbia
