Por Zuliana Lainez Otero, de Lima.
Un total de 82 atentados se cometieron contra los periodistas peruanos en los primeros cuatro meses del 2011 (casi uno cada 36 horas) de acuerdo con el balance preparado por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La agresión física y verbal encabezan los atentados con 37 casos. Le siguen la amenaza y hostigamiento (17), así como la presión administrativa -despidos- (15). También han ocurrido 8 trabas al ejercicio de la profesión periodística, tres presiones jurídicas y dos daños a la propiedad o sustracción de equipos.
En su mayoría, los atentados los cometieron civiles (34), seguido por funcionarios civiles (23); policías/militares y/o serenos (15), además de 10 agresiones perpetradas por elementos no identificados.
El Santa y Chiclayo con más agresiones a periodistas
La provincia del Santa con 14 atentados, Chiclayo con 8, Arequipa y Utcubamba con 7 se convirtieron estos primeros cuatro meses del año en las áreas de mayor peligro para ejercer el periodismo en el Perú. Le siguen Coronel Portillo, Lima y Puno con cinco; Jaén y Tumbes, con cuatro respectivamente.
Otros lugares de riesgo para la prensa peruana fueron Alto Amazonas, Cajamarca y San Martín donde se cometieron en cada ciudad tres atentados contra la prensa nacional, de acuerdo con el informe de la OFIP.
Un total de 30 periodistas de televisión resultaron agredidos este 2011, 29 de la prensa escrita y 23 de la prensa radial. De ese total, fueron blancos de atentados 56 varones; 18 mujeres y 8 medios de comunicación.
Los principales ataques
En los primeros meses del 2011, es elevado el número de querellas por difamación contra los periodistas. En la víspera de Semana Santa, Paul Segundo Garay, quien conduce el informativo "La Voz del Pueblo", en radio La Exitosa, fue condenado a tres años de prisión efectiva y al pago de veinte mil nuevos soles por concepto de reparación civil en favor del querellante, tras denuncia presentada por el fiscal Agustín López Cruz, de Coronel Portillo. El periodista asegura que su único "delito" ha sido criticar la labor de la autoridad.
En Perú no tenemos las cifras de asesinatos que se registran en México (el año pasado se denunciaron 10 casos) ni en Honduras (9 casos), sin embargo, es señalado como el lugar donde se practica más violencia física contra los periodistas. El nivel de intolerancia a la labor periodística, fundamentalmente de autoridades locales, regionales y del propio gobierno central, mantiene a nuestro país entre los que presentan mayores dificultades para el ejercicio de la profesión.
Para la ANP con los despidos de los periodistas de Canal N (Patricia Montero y José Jarano no sólo se ha atropellado el derecho al trabajo de los colegas, sino que se está imponiendo una regimentación que poco tiene que ver con el derecho a la información de la colectividad.
Lo que viene sucediendo en el Grupo El Comercio se está replicando, además, y por lo que denuncian los periodistas por similares móviles políticos, en el diario Correo (que ha despedido a sus corresponsales en Puno, Arequipa, Ica y Cusco). Fuentes cercanas a la ANP en los últimos días han dado cuenta del malestar que existe, debido a que se están dando instrucciones verticales para que se publiquen informaciones en favor de determinada tendencia política, restringiendo de manera grosera informaciones en sentido contrario, bajo amenaza de despido inmediato.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa la ANP sólo puede garantizar, sea cual sea el gobierno elegido, que seguirá erigiéndose como un gremio que cautele la defensa a la libertad de expresión, el libre ejercicio profesional y el respeto a los derechos humanos de los trabajadores de los medios.
La ANP considera su deber cautelar el derecho a la información de los ciudadanos y exigir al gobierno central, regional y local respeto absoluto a la prensa libre, discrecionalidad en el manejo de la publicidad oficial -y que no siga siendo esta un instrumento para castigar o premiar medios- y garantías absolutas que promuevan la pluralidad informativa.
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