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segunda-feira, 17 de outubro de 2011

Federação de Jornalistas argentinos diz que relatório da SIP é falso

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) rechazó el informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el que incluyó a la Argentina en una “lista negra de países para la prensa independiente” y que fuera presentado en la ciudad de Lima, Perú.

Gustavo Granero, secretario general de la FATPREN y vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), expresó que en nuestro país “la libertad de expresión goza de muy buena salud”.

Como contrapartida, Granero señaló que la SIP nada dice sobre el despido de Claudio Minghetti, periodista de La Nación, luego de haber redactado una crítica positiva sobre la película “Juan y Eva”, lo que “sí configura un ataque a la libertad de expresión de un compañero, un ataque al ejercicio periodístico.”

Las declaraciones de la SIP dejan al desnudo sus intereses como agrupación de empresas periodísticas, defensora de sus propios intereses monopólicos. Al respecto, el dirigente sindical manifestó que “la SIP primero debería pedir disculpas a Latinoamerica por todo el daño que ha hecho cuando ha condecorado dictadores, ha felicitado los procesos dictatoriales en nuestros países, ha respaldado el silencio cuando hubo golpes de estado”.

La SIP da espacio a sus socios como Clarín y La Nación, “en cuyas páginas se leen crónicas sobre la Argentina que nada tienen que ver con lo que pasa en el país, sino que son artificios destinados a sostener su posición dominante”, agregó Granero.

La FATPREN considera que si la SIP quisera hablar verdaderamente de la libertad de expresión, debería contar la ausencia de ella en las redacciones de sus publicaciones asociadas, que silencian a sus trabajadores y los precarizan laboralmente para poder presionar sobre ellos.

Los procesos democratizadores en América Latina han tocado intereses sensibles de las corporaciones económicas, y declaraciones como las de la SIP son una reacción frente a ello.

En definitiva, que la SIP incluya a un país en una presunta lista negra significa que existen políticas de Estado que democratizan la palabra, incluyen en la comunicación más voces y más diversidad, y se defienden los intereses del pueblo y los trabajadores por sobre los del poder concentrado.

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