Por Andrés Cañizález , em Infocracia
Tenemos una nueva Asamblea Nacional, más allá de las consideraciones y lecturas que puedan hacerse sobre el proceso electoral del pasado 26 de septiembre. La realidad es la siguiente: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es la mayor fuerza parlamentaria, pero con limitaciones propias de no contar con una mayoría calificada. La fuerza opositora, en torno a la Mesa de la Unidad (MUD), no tendrá un papel decorativo. Se trata de hacerle sentir al país democrático que se ha recuperado al parlamento como espacio neurálgico del debate político. Los dos parlamentarios electos por Patria Para Todos (PPT) tendrán un poder importante, pues al PSUV sólo le hace falta un voto para lograr la mayoría de 3/5, el número mágico es 99 votos, y esa situación le otorga un peso determinante a la más minúscula de las representaciones parlamentarias.
Ubicándonos ahora en la agenda parlamentaria que debe comenzar el mismo 5 de enero, desde nuestra perspectiva un tema ineludible para la nueva Asamblea Nacional (AN) está en el campo comunicacional. La reciente campaña electoral demostró un uso abusivo de los medios públicos y de las cadenas por parte del PSUV y del presidente Chávez, hay una inoperatividad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para hacer cumplir la ley cuando se trata de medios gubernamentales, y la asignación de la publicidad del Estado se hace con un sentido estrictamente partidista. También debe abrirse sin restricciones el acceso a la información de interés público que reposa en manos del Estado. Podríamos mencionar más aspectos, pero estos son prioritarios en la medida en que se conectan con el papel oficial en materia de medios de comunicación.
Una primera discusión y proyecto de ley que deben presentar las fuerzas democráticas en la nueva AN tiene que ver con los medios administrados por el Estado. El conjunto de radios y televisoras que forman hoy parte de la hegemonía comunicacional (un número nada despreciable de medios), deben ser regulados para que cumplan funciones genuinamente públicas, tengan programaciones plurales y su administración sea independiente de los designios del poder ejecutivo. En ese sentido, convendría que los diputados rescaten las propuestas presentadas por Antonio Pasquali, Elizabeth Safar y Oscar Lucien, en nombre del Comité para una Radio-Televisión Pública en Venezuela. Esté comité elaboró un proyecto de ley que debe ser revisado y colocado en debate. No puede naturalizarse el manejo partidista y abusivo de los medios que son financiados con el dinero público, y por tanto deberían hacer honor al slogan de ser “de todos los venezolanos”.
Conectado con esto, pero con una necesaria mirada más específica, está el asunto de las cadenas nacionales de radio y televisión. En la legislatura 2000-2005, Juan José Caldera presentó una propuesta de ley que fue rechazada por la aplanadora chavista en relación a la regulación de las cadenas para que éstas se limitaran a un sentido público. Las pasadas elecciones del 26S dejaron en evidencia el grave problema que enfrentamos: para la divulgación de los resultados de unas trascendentales elecciones no se hizo en cadena nacional, pero sí se usó el mecanismo para que el presidente Chávez diera su punto de vista sobre los comicios.
Hay que encarar las reformas de la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Un asunto, prioritario sin duda, tiene que ver con devolverle a CONATEL una función técnica para el manejo de las telecomunicaciones, y establecer la independencia y autonomía para entes como el Directorio de Responsabilidad Social (que depende de CONATEL) para lograr un primer avance, sin entrar en otras consideraciones sobre el contenido de dichos instrumentos legales. Un grave problema no está sólo en lo que dicen las normas, sino –principalmente- en una aplicación sesgada y partidista de las sanciones y amonestaciones. Medios gubernamentales, como el caso de Venezolana de Televisión, violan abiertamente la ley y a la fecha no hay, ni siquiera, un llamado de atención por parte de las autoridades regulatorias.
Sobre la tercera tarea, que es una ley para hacer transparente la asignación de la publicidad oficial, debe decirse que hay una corriente creciente en América Latina que avanza en esa dirección. No se trata de que los medios de comunicación tengan un derecho absoluto para recibir la publicidad del Estado, pero si de que ésta se asigne de forma transparente y plural, que no se utilice el dinero público para sancionar o premiar líneas editoriales. En nuestro caso, como lo demostró la campaña del 26S, evitar que el dinero de todos termine financiando la campaña electoral de los candidatos del PSUV.
Finalmente, pero no menos importante, la nueva AN debe colocar en agenda la discusión de una ley de acceso a la información pública, también a tenor con lo que viene ocurriendo en América Latina. Para ello en particular, es recomendable que los nuevos diputados de las fuerzas democráticas hagan alianza con la coalición Proacceso, en cuyo seno diversas organizaciones han venido trabajando no sólo en un proyecto de ley, sino en otra serie de iniciativas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber.
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